Seguridad en la PBA
Detectan 60.000 celulares activos en cárceles bonaerenses y alertan por estafas
Un relevamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense contabilizó 60.000 líneas activas en penales. La jueza Sandra Arroyo Salgado advirtió que los presos usan los teléfonos para cometer delitos.
Un relevamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires detectó que existen alrededor de 60.000 líneas de celulares activas en las cárceles bonaerenses. La cifra encendió las alarmas por el uso de esos dispositivos para cometer estafas virtuales, secuestros virtuales y extorsiones desde los penales.
El origen del permiso para usar celulares se remonta a la pandemia de coronavirus, cuando un habeas corpus colectivo autorizó su empleo para garantizar el contacto de los presos con sus familias. Sin embargo, pese al fin del aislamiento sanitario, la modalidad se mantiene vigente y, según fuentes judiciales, se convirtió en la principal herramienta de los internos para delinquir.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en una entrevista reciente, señaló que la situación requiere medidas urgentes. “En el ámbito provincial es decisión del ministro de Justicia, Juan Martín Mena, hacer cesar esta situación que no tiene respaldo normativo ni jurisprudencial. Porque la pandemia terminó y el uso de celulares indiscriminados continúa desde las cárceles bonaerenses”, afirmó.
Arroyo Salgado también vinculó esta problemática con la investigación por la muerte del soldado Rodrigo Gómez, ocurrida en la Quinta de Olivos, y dijo que por ese caso ya cursó una comunicación al ministro Mena para que tome una decisión. Además, advirtió que desde la Procuración General de la Provincia, a cargo de Julio Conte Grand, podrían impulsar un amparo colectivo ante la Cámara de Casación Penal en defensa de las víctimas.
En el plano nacional, la jueza indicó que le envió una comunicación al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, para que en el anteproyecto de reforma del Código Penal se contemple que la pena privativa de la libertad no solo afecte la libertad física, sino también la libertad virtual. La advertencia se da en un contexto de crecimiento de estafas y extorsiones orquestadas desde las cárceles bonaerenses.